Esta semana se publicó la ley 21.740 que modifica el Código de Aguas en lo relativo al procedimiento de fiscalización y vigilancia que realiza la Dirección General de Aguas del MOP, disminuyendo los tiempos de tramitación, incorporando la notificación digital, incentivos para pagar las multas y posibilitando la corrección temprana de infracciones menores. Así lo destacó, el Director General de Aguas del MOP Rodrigo Sanhueza en el marco de su visita realizada a la Región de Aysén.
“El proyecto fue ingresado por el Ejecutivo en diciembre de 2023, logrando en 16 meses consensos para hacer más eficiente nuestra tarea. De esta manera, la modificación legal faculta a los municipios y otros órganos del Estado a ejecutar las medidas ordenadas por la DGA, como la paralización de obras; y posibilita que las notificaciones de la DGA puedan realizarse de manera presencial o por medios electrónicos”.
Al respecto, la Secretaria Regional Ministerial de Obras Públicas, Paloma Jara Valdés destacó que “el cambio en el Código del Aguas para nosotros como gobierno es muy relevante por cuanto nuestro equipo de la DGA contará con nuevas atribuciones que les permitirá mantener una permanente vigilancia sobre el agua, su buen y resguardo, junto con agilizar los procedimientos de fiscalización, de manera que se entregue a la comunidad una respuesta oportuna frente a posibles infracciones, avanzando de esta forma en la protección del recurso y seguridad hídrica”
De esta forma, con la nueva modificación, la ley permite realizar un procedimiento simplificado para infracciones que se encuentren en algunas de estas circunstancias: cuyas sanciones fluctúen entre 10 y 500 UTM, se realicen en zonas de escasez o que no requieran fiscalización en terreno. En estos casos, el presunto infractor podrá aceptar los cargos hasta antes de que venza el plazo para presentar sus descargos, caso en el cual se aplicará un 25% de descuento sobre la multa que corresponda.
Otra modificación relevante es que la DGA está facultada para ordenar la paralización de la extracción ilegal de aguas, cuando ésta se produzca en zonas de escasez hídrica o cuando dicha infracción pudiese afectar la disponibilidad de las aguas utilizadas para satisfacer el consumo humano, saneamiento o el uso doméstico de subsistencia, como medida preventiva durante la tramitación del procedimiento.
En términos de agilidad, permite a la DGA otorgar al infractor un plazo máximo de 30 días hábiles para corregir desviaciones normativas menores y, al cumplir, se exime de la apertura de un expediente sancionatorio y la multa asociada.
Por último, quienes sean multados como resultado de los procesos sancionatorios de fiscalización y paguen dentro del plazo de 9 días hábiles desde notificada la sanción monetaria sin interponer un recurso de reconsideración, podrán acceder a un 25% de descuento.
El Director Regional de Aguas del MOP, Héctor Cortés Gaete agregó que: “Es un tremendo paso para agilizar los procesos que desarrolla la Dirección General de Aguas mediante la aplicación de un procedimiento simplificado para disminuir los tiempos de tramitación e incorporar elementos disuasivos más eficaces. Respecto a la tarea de fiscalización lo que se pretende es educar para que quienes tienen que tomar una decisión puedan corregir en forma temprana inobservancias menores y en forma oportuna, así como también es necesario que la comunidad se informe acerca de estas modificaciones; otro aspecto importante es que se incorporan mecanismos de notificación, adaptándolos al proceso de transformación digital del Estado y el pago adelantado de multas”.
Cabe señalar que, el Director General de Aguas del MOP en su visita a la Región de Aysén realizó un saludo protocolar al Delegado Presidencial Regional Jorge Díaz Guzmán, sostuvo una reunión de trabajo con el equipo de la DGA y la Seremi del MOP Paloma Jara y participó junto al ministro de Agricultura Esteban Valenzuela en la entrega de 100 derechos de aprovechamiento de Aguas a agricultores y agricultoras de la Región de Aysén.